Constitución Española — Derechos y libertades

El Título I de la Constitución Española de 1978 lleva por rúbrica "De los derechos y deberes fundamentales" y ocupa los artículos 10 a 55. Es el núcleo dogmático de la norma fundamental: fija los derechos que el Estado debe respetar y promover, establece los deberes de los ciudadanos y diseña un sistema de garantías escalonadas según la importancia de cada derecho.

El Título se articula en cinco capítulos. El primero (art. 10-11) contiene las disposiciones generales. Los capítulos II y III agrupan, respectivamente, los derechos con mayor protección y los principios que orientan la acción de los poderes públicos. El capítulo IV regula las garantías de los derechos y el capítulo V la posibilidad de suspenderlos en situaciones de crisis.

La piedra angular de todo el sistema es el artículo 10, que proclama la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social. Su apartado segundo ordena que los derechos constitucionales se interpreten de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España.

Datos clave

• El Titulo I abarca los arts. 10 a 55 de la Constitucion.
• Se estructura en 5 capitulos con naturaleza juridica diferente.
• Art. 10.1: dignidad, derechos inviolables y libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden politico.
• Art. 10.2: interpretacion de los derechos segun la Declaracion Universal de DDHH y tratados internacionales.
• La dignidad no es un derecho fundamental en sentido tecnico pero sirve como criterio hermeneutico de todo el Titulo I.

El artículo 11 regula la nacionalidad española. Establece que la ley determinará los requisitos para su adquisición, conservación y pérdida, y que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Permite además que España concluya tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan particular vinculación con España.

El artículo 12 fija la mayoría de edad en los dieciocho años, umbral a partir del cual el ciudadano goza de plena capacidad de obrar para el ejercicio de sus derechos. Esta norma constitucional dota de rigidez a un criterio que, de otro modo, podría modificarse por ley ordinaria sin controles especiales.

El artículo 13 reconoce que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. Reserva, sin embargo, los derechos de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales —y solo en ellas— a los extranjeros cuando sus países les reconozcan ese mismo derecho a los españoles, por criterio de reciprocidad. Los derechos de participación política en general (art. 23) quedan vedados a quienes no tengan la nacionalidad española.

Datos clave

• Art. 11: ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad.
• Art. 11: posibilidad de doble nacionalidad con paises iberoamericanos por tratado.
• Art. 12: mayoria de edad a los 18 anos, rango constitucional.
• Art. 13: extranjeros gozan de libertades publicas segun tratados y ley.
• Art. 13.2: unica excepcion de participacion politica para extranjeros: voto municipal por reciprocidad.

El artículo 14 es uno de los preceptos más citados en la práctica jurídica española. Proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La enumeración que contiene no es cerrada: la cláusula final "cualquier otra condición o circunstancia" permite abarcar situaciones no previstas expresamente por el constituyente.

El Tribunal Constitucional ha diferenciado dos mandatos dentro del artículo 14: la igualdad formal o ante la ley, que prohíbe la discriminación directa, y la igualdad en la aplicación de la ley, que obliga a los órganos jurisdiccionales a no apartarse arbitrariamente de sus propios precedentes. Asimismo, ha admitido la distinción entre diferencia de trato justificada y discriminación: no toda diferencia normativa vulnera el artículo 14, sino solo aquella que carece de una finalidad legítima o de proporcionalidad.

Por su ubicación en el capítulo II pero fuera de la Sección 1.ª, el artículo 14 goza de una protección procesal singular: puede ser invocado directamente ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo (art. 53.2), lo que lo equipara en garantías a los derechos fundamentales de la Sección 1.ª.

Datos clave

• Art. 14: igualdad de los espanoles ante la ley, sin discriminacion por nacimiento, raza, sexo, religion u opinion.
• La lista de causas prohibidas es abierta ("cualquier otra condicion o circunstancia").
• Art. 14 se protege por recurso de amparo ante el TC (art. 53.2), igual que la Seccion 1.a.
• El TC distingue igualdad formal, igualdad en la aplicacion de la ley y discriminacion con causa justificada.
• La igualdad sustantiva permite medidas de accion positiva para grupos desfavorecidos.

La Sección 1.ª del capítulo II, titulada "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas", es el núcleo más protegido del ordenamiento constitucional español. Comprende los artículos 15 a 29 y recoge derechos de primera generación vinculados a la persona, su integridad y su participación en la vida pública.

El artículo 15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, prohibiendo la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, así como la pena de muerte salvo en caso de guerra en los términos de las leyes penales militares. El artículo 16 protege la libertad ideológica, religiosa y de culto; ningún ciudadano puede ser obligado a declarar sobre su ideología o creencias. El artículo 17 garantiza el derecho a la libertad y seguridad personal: detención máxima de 72 horas, habeas corpus y comunicación al detenido de sus derechos. El artículo 18 tutela el honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones.

Los artículos 19 a 29 reconocen, entre otros: libertad de residencia y circulación (art. 19), libertad de expresión e información (art. 20), derecho de reunión (art. 21), derecho de asociación (art. 22), derecho de participación política y acceso a cargos públicos (art. 23), tutela judicial efectiva (art. 24), principio de legalidad penal (art. 25), derecho a la educación y libertad de enseñanza (art. 27), derecho de sindicación y huelga (art. 28) y derecho de petición (art. 29).

Datos clave

• Art. 15: derecho a la vida e integridad fisica y moral; prohibicion de tortura; abolicion de pena de muerte (salvo ley militar en guerra).
• Art. 17: detencion preventiva maxima 72 horas; habeas corpus garantizado por ley organica.
• Art. 18: inviolabilidad del domicilio (solo con auto judicial o flagrante delito) y secreto de las comunicaciones.
• Art. 20.5: el secuestro de publicaciones requiere resolucion judicial.
• Art. 27: derecho a la educacion con ensenanza basica obligatoria y gratuita.
• Los arts. 15-29 solo pueden regularse por ley organica (art. 81 CE).

La Sección 2.ª del capítulo II, "De los derechos y deberes de los ciudadanos", agrupa preceptos de naturaleza mixta: algunos reconocen derechos subjetivos de importante protección y otros establecen deberes constitucionales de los ciudadanos ante el Estado. Van de los artículos 30 a 38.

El artículo 30 regula el deber de defender a España y el servicio militar, así como la posibilidad de la objeción de conciencia y el establecimiento de un servicio civil sustitutorio. El artículo 31 consagra el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo basado en la capacidad económica. El artículo 32 reconoce el derecho al matrimonio con plena igualdad jurídica entre cónyuges, dejando a la ley la regulación de sus formas, efectos y causas de disolución.

En materia económica destacan el artículo 33, que protege el derecho a la propiedad privada y a la herencia, admitiendo su función social como límite, y el artículo 38, que garantiza la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. El artículo 35 proclama el deber y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a una remuneración suficiente que satisfaga las necesidades del trabajador y de su familia.

Datos clave

• Art. 30: deber de defender Espana y posibilidad de objecion de conciencia al servicio militar.
• Art. 31: sistema tributario justo e inspirado en la capacidad economica; prohibicion de confiscatoriedad.
• Art. 33: derecho a la propiedad privada y a la herencia; funcion social puede delimitar su contenido.
• Art. 35: deber y derecho al trabajo con remuneracion suficiente; prohibicion de discriminacion por razon de sexo.
• Art. 38: libertad de empresa en el marco de la economia de mercado.
• Los derechos de la Seccion 2.a solo se protegen por ley ordinaria (no amparo ni ley organica).

El capítulo III del Título I recoge los llamados "principios rectores de la política social y económica", situados entre los artículos 39 y 52. A diferencia de los derechos de los capítulos anteriores, estos principios no son directamente invocables ante los tribunales ordinarios: su reconocimiento, respeto y protección han de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3).

Entre los principios más relevantes se encuentran: la protección de la familia y de los hijos (art. 39), la distribución equitativa de la renta y el pleno empleo (art. 40), la Seguridad Social para todos los ciudadanos (art. 41), la protección de la salud (art. 43), el acceso a la cultura y la promoción de la ciencia (art. 44), el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art. 45), el acceso a una vivienda digna (art. 47) y la atención a personas con discapacidad (art. 49).

Aunque no sean derechos subjetivos en sentido estricto, tienen un valor normativo indudable: el legislador no puede ignorarlos y los jueces han de interpretarlos como criterios orientadores. Además, cualquier disposición que los desarrolle queda protegida por el principio de interdicción de la regresión injustificada en los derechos sociales.

Datos clave

• Arts. 39-52: principios rectores, no derechos subjetivos exigibles directamente ante los tribunales.
• Art. 39: los poderes publicos aseguran la proteccion social, economica y juridica de la familia.
• Art. 43: derecho a la proteccion de la salud; responsabilidad de los poderes publicos organizar la sanidad publica.
• Art. 45: derecho a un medio ambiente adecuado; obligacion de conservarlo y sancionar los atentados.
• Art. 47: derecho a una vivienda digna y adecuada.
• Art. 53.3: los principios rectores solo pueden ser alegados ante la jurisdiccion ordinaria segun la ley que los desarrolle.

El artículo 53 es, desde el punto de vista procesal, el precepto más importante del Título I. Establece un sistema de garantías escalonado en tres niveles según la ubicación de cada derecho en la Constitución, lo que permite hablar de una pirámide interna de protección.

El apartado 1 del artículo 53 dispone que los derechos del capítulo II (arts. 14-38) vinculan a todos los poderes públicos y su regulación solo puede realizarse mediante ley, que en todo caso debe respetar su contenido esencial. Esta reserva de ley impide que el Ejecutivo los restrinja por vía reglamentaria.

El apartado 2 establece el nivel de protección más elevado para los derechos de la Sección 1.ª (arts. 15-29) y el artículo 14: pueden tutelarse mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad ante los tribunales ordinarios y, en su caso, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, su desarrollo requiere ley orgánica (art. 81 CE).

El apartado 3 señala que los principios del capítulo III (arts. 39-52) solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria en los términos previstos por las leyes que los desarrollen, sin posibilidad de amparo constitucional directo.

Datos clave

• Art. 53.1: derechos del cap. II (arts. 14-38) vinculan a todos los poderes publicos; solo regulables por ley con respeto al contenido esencial.
• Art. 53.2: Seccion 1.a (arts. 15-29) + art. 14: tutela judicial preferente y sumaria + recurso de amparo ante el TC.
• Art. 53.2: desarrollo de la Seccion 1.a requiere ley organica (art. 81).
• Art. 53.3: principios rectores (arts. 39-52) solo alegables ante la jurisdiccion ordinaria segun ley de desarrollo.
• Tres niveles de proteccion: maximo (Sec. 1.a + art. 14), medio (Sec. 2.a) e informador (Cap. III).

El artículo 55 regula las dos modalidades de suspensión de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. La primera, de carácter general, opera cuando se declaran los estados de alarma, de excepción o de sitio conforme al artículo 116. La segunda, de carácter individual, puede acordarse para personas determinadas relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas.

En el estado de alarma (gobierno por decreto), la suspensión de derechos es más limitada; en el estado de excepción, declarado por el Congreso a propuesta del Gobierno, pueden suspenderse derechos como los arts. 17 (libertad y seguridad), 18.2 y 18.3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), 19 (libre circulación), 20 (expresión e información) o 21 (reunión). El estado de sitio, declarado por el Congreso por mayoría absoluta, permite suspender además otros derechos de la Sección 1.ª.

La suspensión individual del apartado 2 del artículo 55 permite que una ley orgánica determine la manera y los casos en que los derechos del artículo 17.2 y del artículo 18.2 y 18.3 pueden ser suspendidos para investigar actividades de bandas armadas o terroristas. Esta medida siempre ha de ser comunicada al Congreso y controlada judicialmente.

Datos clave

• Art. 55.1: suspension general de derechos en estados de alarma, excepcion y sitio (art. 116).
• Art. 55.2: suspension individual de derechos arts. 17.2 y 18.2-18.3 en investigacion de terrorismo, con control judicial.
• Estado de excepcion: autorizado por el Congreso; pueden suspenderse arts. 17, 18.2, 18.3, 19, 20 y 21.
• Estado de sitio: declarado por el Congreso por mayoria absoluta; suspension mas amplia.
• Art. 55.2: el uso indebido de la suspension individual genera responsabilidad penal.

El artículo 54 de la Constitución crea la figura del Defensor del Pueblo como "alto comisionado de las Cortes Generales" encargado de defender los derechos comprendidos en el Título I. Se configura, por tanto, como un órgano auxiliar del Parlamento, no del Ejecutivo, con el que mantiene relación institucional pero del que actúa con plena autonomía.

Sus funciones principales son supervisar la actividad de la Administración pública en sentido amplio —tanto estatal como autonómica y local— y velar por que las actuaciones administrativas respeten los derechos y libertades de los ciudadanos. Para ello puede recibir quejas de cualquier persona física o jurídica, iniciar investigaciones de oficio, recomendar a los organismos administrativos el cambio de sus prácticas y, en su caso, interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales por mayoría de tres quintos de cada cámara, para un mandato de cinco años renovable. No puede ser removido salvo en los supuestos establecidos en la ley orgánica que regula la institución. Goza de inviolabilidad e inmunidad durante el ejercicio de su cargo.

Datos clave

• Art. 54: el Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales, no del Gobierno.
• Elegido por el Congreso y el Senado por mayoria de 3/5 de cada camara, mandato de 5 anos.
• Puede supervisar la Administracion estatal, autonomica y local.
• Puede interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el TC.
• No puede ordenar actos administrativos ni anularlos; sus resoluciones tienen caracter de recomendacion.
• Goza de inviolabilidad e inmunidad durante el ejercicio del cargo.

Para un estudio riguroso de cara a las oposiciones, es imprescindible tener claros los tres niveles de protección que la Constitución otorga a los distintos derechos y principios del Título I. Confundir el nivel de protección de un artículo concreto es uno de los errores más frecuentes en los exámenes.

El nivel máximo corresponde a los derechos de la Sección 1.ª del capítulo II (arts. 15 a 29) y al principio de igualdad del artículo 14. Estos derechos requieren ley orgánica para su desarrollo (art. 81), vinculan a todos los poderes públicos con contenido esencial intangible (art. 53.1), pueden defenderse ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y, si ese amparo es insuficiente, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2).

El nivel intermedio alcanza a los derechos de la Sección 2.ª (arts. 30-38): no precisan ley orgánica, pero sí ley ordinaria que respete su contenido esencial; no cabe amparo constitucional por ellos directamente.

El nivel más débil o informador pertenece a los principios rectores del capítulo III (arts. 39-52). No generan derechos subjetivos directamente exigibles; solo orientan al legislador y a los jueces y únicamente pueden alegarse ante los tribunales en la medida en que la ley de desarrollo lo permita.

Datos clave

• Nivel maximo: arts. 14-29 (Sec. 1.a + art. 14) — ley organica + amparo TC + procedimiento preferente y sumario.
• Nivel intermedio: arts. 30-38 (Sec. 2.a) — ley ordinaria + respeto al contenido esencial; sin amparo TC directo.
• Nivel informador: arts. 39-52 (Cap. III) — principios orientadores; solo alegables segun la ley de desarrollo.
• Art. 81: son leyes organicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades publicas.
• El contenido esencial de cualquier derecho del cap. II no puede ser vulnerado ni por ley (art. 53.1).
• El art. 14 (igualdad) comparte el nivel maximo pese a no estar en la Seccion 1.a.